El ladrillo y la mala gestión se cobraron ayer la cuarta víctima del sector financiero español. Banco de Valencia, con un millonario agujero por sus inversiones inmobiliarias, fue ayer intervenido.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controlado por el Banco de España, acordó inyectar 1.000 millones de euros de capital y hacerse cargo de la gestión de la entidad valenciana. Además, le otorgó una línea de crédito de 2.000 millones de euros para garantizar su liquidez.
Banco de Valencia, que perdió a su presidente (José Luis Olivas) y a su consejero delegado (Domingo Parra) durante las últimas semanas, había acumulado una voluminosa cartera de créditos a promotores, con escasa cobertura. Además, se ha quedado con 828 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados, de los que 600 millones son directamente suelo.
La situación financiera del banco pasó inadvertida en la última auditoría realizada por Deloitte. En el informe de buen gobierno de 2010 la consultora aseguraba que no existía ningún riesgo específico que afectara a la entidad.
Otro control que soslayó Banco de Valencia fue el aumento de los requerimientos de solvencia para todo el sector, que el Gobierno fijó en febrero. El real decreto ley afectaba tan solo a grupos consolidables, lo que permitió a la entidad guarecerse bajo el paraguas de Bankia-BFA, que controla el 27,3% de la misma.
Para ese examen Banco de Valencia fue considerado por Bankia como filial, sin embargo, tras el verano cambió el criterio y la entidad pasó a contabilizarse como mera participación financiera.
Hasta el último momento, el Banco de España y el ministerio de Economía han tratado de que los accionistas de referencia de Banco de Valencia (Bankia y varias familias y empresarios valencianos) participasen en una ampliación de capital para salvar la entidad, pero la operación no pudo llevarse a cabo por el escaso interés en apostar por el sector bancario.
La intervención de ayer se suma a las de Caja Castilla La Mancha-CCM (2009), Cajasur (2010) y Caja Mediterráneo-CAM (2011). Las dos primeras acabaron siendo adjudicadas a otras cajas de ahorros (Cajastur y BBK, respectivamente), mientras que la tercera se está subastando.
En total, el FROB ha inyectado 12.192 millones de euros para rescatar a entidades financieras. La mayor parte (9.325 millones), a través de inyecciones directas de capital para firmas intervenidas y nacionalizadas (Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim), y otros 2.867 millones, comprometidos para cubrir las pérdidas futuras de CCM y Cajasur. Las siete entidades que han tenido que ser socorridas representan el 8% de los activos total del sector bancario español.