El socialista Enrique Cascallana, ex alcalde de Alcorcón, amplió su personal fijo de empleados públicos 48 horas antes del 22-M, día en que perdió las elecciones.
- Enrique Cascallana, ex alcalde de Alcorcón, acompañado de Tomás Gómez, Amparo Valcarce y Cristina Garmendia.
Previendo el cambio de gobierno municipal, el PSOE convocó una oposición para blindar el contrato de cara a posibles futuros despidos de 620 trabajadores, que pasaron de poseer un contrato indefinido o eventual a ser funcionarios de carrera el 20 de mayo mediante una oposición hecha a su medida. Con esta jugada, lanzada por un proceso de emergencia, Cascallana buscaba conseguir “un plus electoral más, a pocos días de las elecciones», según denuncia el PP. El PSOE, por su parte, alega que el objetivo era homogeneizar el régimen jurídico de todos los trabajadores del Ayuntamiento.
La Comunidad de Madrid hizo público en su Boletín Oficial la oferta de empleo el 2 de marzo, día en el que el Ayuntamiento de Alcorcón abría, por un “proceso extraordinario de funcionarización”, el plazo para presentar las instancias a los 620 trabajadores del Consistorio que quisieran participar. Como condición indispensable se exigía que los demandantes pertenecieran al personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de Alcorcón.
Sin embargo, el sindicato CSIF lo ha impugnado y solicita la suspensión cautelar del proceso alegando que muchos de estos nuevos funcionarios disfrutaban de contratos eventuales, interinos o por obra y que, “a través de una simple entrevista hecha a principios de mayo”, se convirtieron en funcionarios, «manteniendo incluso hasta la antigüedad de su anterior contrato». El Grupo Municipal Socialista sostiene que «ninguno de los trabajadores que han optado a este cambio pertenecía al personal eventual». Añade que el cambio se produjo para «establecer una única carrera profesional para todos nuestros empleados».
El sindicato también ha impugnado el cambio del régimen jurídico del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Alcorcón. “No es lo mismo un trabajador indefinido que otro fijo. A través de este mecanismo se discrimina al personal fijo que anteriormente había aprobado su plaza a través de una oposición”. El equipo de Cascallana se defiende asegurando que el proceso era «voluntario» y que se apuntó todo aquel «personal laboral que quiso seguir el proceso».
Para romper el blindaje que Cascallana colocó antes de irse entre sus empleados, el CSIF avala la teoría de que se han sorteado los principios de mérito y capacidad que deben primar en «todas las oposiciones a cualquier puesto de la Administración Pública», precisamente para acabar con el poder que los políticos gobernantes han ejercido durante sus mandatos. Para el PSOE, «se respetaron estas premisas», a pesar de la rapidez con la que se convocó y se materializó el proceso, que salió a concurso por vía de urgencia «por la enorme magnitud del mismo, ya que implicaba a todo el personal del Consistorio».
Todos los trabajadores de la escuela de música, funcionarios
Entre los nuevos funcionarios públicos del Consistorio, Cascallana colocó a 23 oficiales y 150 peones para parques y jardines; 21 conserjes para los colegios; monitores juveniles; toda la escuela de música; 14 empleos para el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (IMEPE) de Alcorcón; 36 puestos para la Universidad Popular y hasta 30 monitores de Educación Física.
La toma de posesión como funcionario de carrera conlleva la finalización de la relación de carácter laboral con el Ayuntamiento “por mutuo acuerdo”, siendo desde ese momento de aplicación y a todos los efectos la normativa general en materia de Función Pública. A partir de entonces, a los nuevos funcionarios se les guarda la antigüedad que mantenían con el Ayuntamiento, «por lo que también tienen preferencia a la hora de acceder a otras plazas públicas que se oferten sobre los demás compañeros que consiguieron la plaza por oposición posteriormente». La antigua plaza laboral queda amortizada.
El CSIF también critica que las “pruebas selectivas” fueron puestas a dedo para el personal “que Cascallana había elegido para cubrir esos puestos”.
Diez millones de euros menos en unos meses
El actual alcalde, David Pérez, critica que el derroche de Cascallana y su equipo socialista llegó a tal extremo que, en los últimos días de su gestión, en lugar de limitar el gasto se potenció. «Pocos meses antes (del final de la legislatura), en la caja había once millones. Cuando llegué, había uno», asegura el alcalde.
Tras comprobar que la deuda del Consistorio multiplica por doce lo anunciado por el PSOE, el actual alcalde, David Pérez, asegura que posiblemente, aunque sea la última opción, el Ejecutivo local tenga que despedir a parte de la plantilla municipal para poder hacer frente a la difícil situación que se ha encontrado. Sin embargo, no podrá rescindir de ninguno de estos contratos.
De los 2.800 empleados con los que cuenta el Ayuntamiento de Alcorcón, incluidos organismos autónomos, aproximadamente el 28% pasaron una oposición. Un porcentaje al que hay que añadir los 620 nuevos empleados públicos fijos que Cascallana dejó como herencia al PP. Aproximadamente la mitad de ellos son los que corren peligro de ser, en un futuro, despedidos.
