Nueva marejada laboral en el Ayuntamiento de Cartagena. Hace cuatro años años, cuando nadie hablaba de crisis económica y había superávit de 10 millones de euros, los sindicatos desplegaron pancartas e hicieron sonar tambores y silbatos para reclamar una subida salarial de hasta 500 euros al mes, al final pactada para varios años; este mismo año, antes de las elecciones municipales, mantuvieron un tira y afloja con el gobierno municipal por el retraso en el pago del último plazo pactado, y para incluir en sus nóminas el concepto de antigüedad. Ahora, a raíz de la aprobación en agosto de un presupuesto de 2011 muy restrictivo y en plena fase de elaboración de un presupuesto de 2012 y un plan de reequilibrio financiero para los próximos tres años que traerán nuevos recortes, los representantes de los cerca de 1.100 trabajadores del consistorio han alzado la voz para denunciar la anulación sin negociación previa de las 80 plazas pendientes de convocar con oposiciones desde hace varios años y para expresar su temor a una reducción de personal.

Ayer, la Concejalía de Personal confirmó a ‘La Verdad’ que no solo no convocara oposiciones por cuarto año consecutivo en 2012, como ya había anunciado, sino que ha suprimido todas las aplazadas y estudia rebajar el número de nóminas al no renovar contratos temporales ni cubrir las vacantes de jubilados.

La supresión de todas las convocatorias pactadas con los sindicatos en los años de bonanza engloba 85 plazas (78 de funcionario y 7 de empleado laboral fijo) en áreas tan dispares como administrativo, ordenanza, conserje, arquitecto, electricista, conductor, inspector de contratas, carpintero, técnico de Educación o peón de mantenimiento.

Al borrar esas plazas de la relación de puestos de trabajo, el Ayuntamiento se libra de la obligación de reservar dinero para esas posibles nuevas nóminas con cargo al gasto corriente. Y lo hace precisamente en un momento en que debe cuadrar sus cuentas, porque tiene un déficit de unos 17 millones de euros.

Según cálculos del sindicato UGT, el Ayuntamiento se ahorrará entre 1,5 y 2,3 millones de euros anuales teniendo como base de cálculo un salario medio aproximado de 20.000 a 30.000 euros brutos por trabajador. El Ejecutivo, que omitió esta medida cuando presentó públicamente los presupuestos de este año, no dio una cifra del ahorro exacto que prevé.

Esta doble situación está en manos de los servicios jurídicos de UGT, ya que según dijo ayer a ‘La Verdad’ el secretario general del sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, Valentín Pérez, puede vulnerar la legalidad al no haberse negociado con los representantes de los trabajadores.

«Estamos estudiando la posibilidad de interponer una denuncia, porque esta pérdida de 85 puestos de trabajo puede implicar un reajuste organizativo y, en definitiva, puede afectar a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y la ley establece que eso tiene que ser negociado entre la institución municipal y los sindicatos», explicó Valentín Pérez.

Éste criticó que el gobierno municipal haya actuado de forma «unilateral» al publicar la nueva relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) sin previo aviso, y responsabilizó de forma directa a la concejal de Personal, Fátima Suanzes. «Hasta ahora estas cosas siempre se han llevado a la mesa de negociación. Así se hizo por ejemplo, con el concejal anterior [José Cabezos]. La nueva concejal lleva poco tiempo en el cargo, pero me extraña que la directora [general de Personal, Esperanza Nieto], y el resto de su equipo no la hayan avisado. Yo creo que ella ha dicho: ‘Publico… ¡y publico!».

En cuanto a la repercursión de la medida, el máximo responsable de UGT destacó que «lo más significativo es que se meten mucho con los oficios, y eso seguramente obligará a recurrir a las contratas». Según Pérez, desaparecerán áreas como la de carpintería , se verán mermadas «columnas» clave del servicio público como las brigadas de mantenimiento de la vía pública o jardinería, y se resentirán departamentos como los de jardinería u ordenanzas.

Pérez se preguntó si lo que quiere Personal es «que el trabajo de los carpinteros lo hagan fontaneros, electricistas o pintores», o se subcontratará a empresas privadas. En este último caso, advirtió, el vecino podría acabar pagando más por un servicio de peor calidad, porque el principal objetivo de las compañías es la «rentabilidad» y habrá menos capacidad de control porque «precisamente se ha renunciado a contratar a cuatro inspectores de contratas».